El Tribunal de Cuentas ha condenado al que fuera secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, destituido a raíz del estallido del caso Koldo en el que está imputado, como "responsable contable directo" del incremento injustificado de salario de la que fuera directora de comunicación de la entidad, Eva Miquel.
La cuestión llegó al órgano contable tras detectarse un "deslizamiento retributivo" injustificado por valor de 32.704 euros.
La sentencia acoge la demanda presentada el pasado mes de enero por la Abogacía del Estado, y concluye que "los hechos suponen una falta injustificada de numerario en las cuentas públicas, como consecuencia de la salida de fondos a favor de la directiva" que carecían de cobertura legal.
Había sido acordado como adenda al contrato inicial que se hizo a la responsable de comunicación en marzo de 2017 que supuso "un exceso indebido superior al 1 % previsto en la Ley de Presupuestos del Estado" del citado año y que "debió ser objeto de reintegro".
La sentencia cifra el alcance causado en los fondos del organismo público Puertos del Estado en 32.704,89 euros, y declara "responsable contable directo" a Sánchez Manzanares, que es condenado a reintegrar dicha cantidad, además de los intereses ordinarios.
Como responsable civil subsidiaria se declara a la que era entonces presidenta de Puertos Ornella Chacón, mientras que se absuelve a quien en esos momentos era el director de Recursos y Auditoría hasta su cese el 24 de julio de 2018.
En su defensa, el denominado por los miembros de la trama Koldo como Álvarito, alegó que desde 2011 hasta julio de 2018 había desempeñado funciones de jefe del Área Jurídica, pero carecía de competencia alguna respecto a los contratos de alta dirección suscritos.
El tribunal responde que de la práctica de prueba se deduce que Sánchez Manzanares asumió, incluso antes de la asunción formal de su cargo, una competencia gestora en materia de personal; y añade que consta su firma en los documentos y que, como secretario general, él se ocupaba de los servicios transversales de dicho organismo.
Este procedimiento llegó al Tribunal de Cuentas a cuenta de un escrito y la documentación complementaria enviados por la Intervención General del Estado, que veía posible responsabilidad contable por alcance en materia de personal detectada en la auditoría realizada en Puertos del Estado en relación con el sueldo de Miguel.
La directiva había sido contratada en diciembre de 2012 como directora de Asesoría Corporativa, con una retribución básica de 60.000 euros, una variable máxima de 3.202 euros y un complemento de puesto de 2.000 euros.
