El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, una reforma que actualiza una norma de casi 40 años de antigüedad para adaptarla a la era digital, y que promete ser un avance en la protección de los ciudadanos frente a informaciones falsas o inexactas. Sin embargo, ha despertado no pocas dudas sobre su alcance y posibles implicaciones para la libertad de expresión.
Aunque los objetivos principales de este Proyecto de Ley parecen loables: garantizar el derecho de rectificación y combatir la desinformación; el texto plantea interrogantes sobre posibles implicaciones en la libertad de expresión y la efectividad de sus medidas.
De esta manera, el anteproyecto amplía el ámbito de aplicación del derecho de rectificación, tradicionalmente centrado en los medios de comunicación, a nuevos actores como los influencers y usuarios de relevancia en plataformas digitales. Según el texto, serán considerados “de especial relevancia” aquellos usuarios con más de 100.000 seguidores en una única plataforma o 200.000 acumulados en varias.
Además, establece obligaciones para los medios y plataformas digitales, tales como crear mecanismos accesibles para que los afectados puedan ejercer su derecho de rectificación; enlazar las rectificaciones a las publicaciones originales y notificarlas claramente; o asegurar que la difusión de la rectificación sea gratuita, íntegra y con la misma relevancia que la publicación inicial.
Con estas medidas, el Gobierno pretende garantizar una mayor transparencia en el ecosistema digital y proteger a los ciudadanos frente a los riesgos de la desinformación.
Con todo, aunque se eliminan requisitos burocráticos, como dirigirse al director del medio, y se amplía el plazo para solicitar rectificaciones de 7 a 10 días, la resolución de disputas sigue dependiendo de los tribunales, lo que podría alargar los procesos y dificultar el acceso de los ciudadanos menos favorecidos.
Por otro lado, la inclusión de influencers y grandes usuarios de plataformas en el ámbito de aplicación de esta norma, genera inquietudes en ciertos sectores, ya que aunque el texto no contempla censura previa, los expertos señalan que podría generar un efecto disuasorio, especialmente en los creadores de contenido y periodistas independientes, que podrían autocensurarse ante el temor de demandas legales.
La obligación de notificar rectificaciones podría ser vista también como un intento de etiquetar informaciones, condicionando su recepción y alimentando posibles tensiones políticas o sociales.
Así las cosas, el Gobierno defiende esta reforma como una herramienta clave para “promover una mayor calidad del debate público”, en línea con su cacareado Plan de Acción por la Democracia; sin embargo, el equilibrio entre quien garantiza el derecho a una información veraz y la salvaguarda la libertad de expresión sigue siendo un terreno resbaladizo, planteandooslo la lógica duda de si esta ley supone un avance necesario en la era digital o se trata de un primer paso hacia un control excesivo de los contenidos en Internet.
