El juez Pablo Ruz ha emitido un auto en el que imputa en el Caso Gürtel al ex-jefe de prensa de Javier Arenas, Isidro Cuberos, y a dos técnicos municipales de Jerez de la Frontera por los contratos irregulares del Ayuntamiento de la localidad con la trama de Francisco Correa para montar el stand del municipio en Fitur 2004.
La resolución llega después de que la Intervención General del Estado acusase al Ayuntamiento del PP de haber adjudicado a la red corrupta hasta 355.000 euros de manera ilícita. El auto tiene apenas cinco páginas, pero bastantes imputados por un delito continuado de prevaricación.
Los mencionados son Francisco Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán y Javier Nombela como responsables y trabajadores de las empresas de Gürtel, que tendrán que acudir al juzgado el próximo 29 de abril. Antes, el día 28, están citados como imputados José Agüera González, director entonces del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (de donde surgió el contrato) y la técnico Lourdes Montenegro, que habría participado en la elaboración de los falsos expedientes con que se intentó justificar a posteriori la contratación de la trama.
Sin duda, el imputado de más renombre en esta ocasión es Isidro Cuberos, histórico jefe de prensa de Javier Arenas y actual consejero del PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía, a quien el juez acusa de “haber realizado tareas de intermediación entre el órgano municipal y la adjudicataria antes, durante y después de la tramitación del expediente y en el cobro de las facturas a cambio de una comisión”.
El auto sigue el criterio del fiscal, que también había pedido estas imputaciones en un auto del día 25 de marzo, y señala hasta seis posible irregularidades del Ayuntamiento para contratar a la Gürtel. Estas serían el uso indebido del procedimiento de urgencia para contratar a la trama, la toma de decisiones por organismos no competentes para ello, la participación de los empleados de Correa en la redacción de las cláusulas de la contratación, la incorporación de documentos al expediente en fechas posteriores a las oficiales, la ejecución de contratos sin las garantías obligatorias y la modificación de facturas incumpliendo las condiciones de contratación.
