Isabel Gallego es una pieza clave en la vida política de la Comunidad de Madrid. En el Gobierno autonómico, y también en el Partido Popular. Siempre a la sombra de Esperanza Aguirre, su trabajo fue reconocido por Ignacio González cuando se convirtió en presidente, e hizo que continuara al frente de la Dirección de Medios del Gobierno regional para reforzar su imagen y gestión

Una vez que Aguirre fue elegida candidata al Ayuntamiento de la capital, Gallego se encargó del departamento de comunicación de la campaña... Pero los cimientos de la sede del PP madrileño temblaron al leer en los medios que Gallego era citada a declarar por unos contratos presuntamente relacionados con la operación púnica.

La propia Gallego, que siempre ha llevado por bandera que es mejor dar la cara ante los medios que optar por el silencio, confirmó que acudió a declarar a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, aunque negó que su comparecencia tuviera "nada que ver" con la trama Púnica.

Los contratos que se investigan "son correctos y están en orden", en palabras de Gallego. En concreto, se trata de unos acuerdos que firmó el Ejecutivo madrileño con una empresa de Alejando de Pedro -imputado en la operación Púnica-, que se encarga de estudios de análisis en el ámbito digital y de reputación en Internet.

"En ningún caso los contratos son para la reputación personal de nadie", ha destacado la directora de Medios de la Comunidad, quien se acogió a su derecho a no declarar, ya que tendrá que hacerlo ante el juez, quien le ha citado para el mes de abril en calidad de imputada.

"Estoy muy tranquila", precisó a Efe mientras el Partido Popular le transmitía su respaldo. A través de un comunicado, Esperanza Aguirre defendió su "honestidad" y "profesionalidad" y, en palabras de Iñigo Henríquez de Luna -el director de la campaña-, se destacó que los contratos de seguimiento on-line son "plenamente legales".

Aguirre mantiene de esta manera su confianza plena en Gallego, con la que ha estado en permanente contacto. "Todo está claro y dicho, lo que no se entiende es la repercusión mediática cuando esto ya se conocía y, menos, algunos movimientos internos", ha delarado un miembro de la dirección regional, en conversación informal.

Henríquez de Luna puso encima de la mesa la "trayectoria acreditada" de Gallego como periodista -trabajó en el diario ABC- y experta en comunicación política. En los círculos políticos y periodísticos, todo el mundo sabe de ella.

Para el director de campaña de Aguirre, los contratos son "plenamente legales" y fueron debidamente fiscalizados por los servicios jurídicos y la intervención general de la Comunidad de Madrid. El contrato en cuestión se ajustó "siempre" al servicio de mercado, según el equipo de Gallego.

En concreto, se trató de un acuerdo "menor" por importe de 1.500 euros más IVA al mes. Según el PP de Madrid, el seguimiento de noticias on-line o clipping es un servicio "habitual y absolutamente legal, que en la era de las nuevas tecnologías contratan todas las administraciones públicas y empresas privadas de España como herramientas el trabajo".