Las distintas investigaciones judiciales que desentrañan la actividad del ex comisario José Manuel Villarejo han dado co o resultado que este personaje espiaba a políticos empresarios y periodistas... y los directores de comunicación de las principales compañías no iban a sermenos...

El diario El Mundo explicaba recientemente que la Audiencia Nacional ha acreditado que un grupo de policías registró, sin autorización judicial, las llamadas entrantes y salientes de destacados periodistas económicos, según consta en documentación intervenida al abogado Rafael Redondo, ex socio del comisario ya jubilado. Se trata de los periodistas Íñigo de Barrón, de El País; Jorge Zuloaga, entonces redactor de Expansión; y José Antonio Navas, de El Confidencial.

Sin embargo, según datos que constan en un informe remitido a los juzgados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, recogidos por El Independiente, estos no son los únicos en haber sido objeto del interés de las averiguaciones de la trama de Tándem... sino que se trata de un listado en el que aperecen numerosos directores de comunicación de grandes compañías españolas.

Entre estos, figuran Aurelio Medel, director de comunicación del Banco Santander bajo la presidencia de Emilio Botín; Lorenzo Cooklin, que durante el período investigado por la justicia lideraba el equipo informativo de ACS; Encarna Pérez, entonces redactora económica en La Vanguardia que publicó informaciones sobre el intento de compra y que posteriormente abandonó este puesto para ocupar la dirección de comunicación de la Asociación Española de Banca; Begoña Elices, responsable de comunicación de Repsol en aquel momento; José Luis González Besada, entonces director de comunicación de Iberdrola; Carmen Azúa, que ocupaba el cargo de dircom en la eléctrica Endesa; José Romero, director de comunicación de Vodafone España; o Javier Ayuso, dircom de BBVA durante las fechas de la operación y posteriormente responsable de la Casa Real.

El principal objetivo de estas operaciones era vigilar los movimientos en torno a Luis del Rivero y el ex-ministro socialista Miguel Sebastián, al que se relacionaba con el movimiento ofensivo de Sacyr sobre el banco, aunque entre los profesionales cuyos teléfonos fueron vigilados por la red, se encuentran responsables de comunicación de empresas absolutamente ajenas a la operación.