La Constitución española reconoce a los periodistas el derecho de mantener en secreto la identidad de sus fuentes, lo que sirve para proteger a los confidentes que optan por revelar información sensible porque la consideran de interés. Sin embargo, este reconocimiento no ha sido desarrollado hasta el momento en una ley, lo que ha provocado que, en ocasiones, los informadores se hayan visto involucrados en indeseados procesos judiciales.

Las acusaciones a periodistas un supuestos delitos de revelación de secretos han sido frecuentes durante los últimos años, y han comprometido la seguridad de los periodistas y de sus confidentes, tanto cuando los profesionales de la información han sido investigados, como cuando han acudido como testigos a un proceso judicial.

Por este motivo, desde las distintas asociaciones profesionales que reunen a los medios de comunicación emprendieron hace algunos meses una ronda de contactos con los diferentes partidos políticos del arco parlamentario, con el objetivo de impulsar una ley orgánica que regule el secreto profesional de los periodistas.

Ahora, siempre según estas asociaciones, representantes del PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos, EH Bildu, Coalición Canaria y Más País habrían expresado su apoyo a esta iniciativa, que determinará todas las situaciones en las que los trabajadores de los medios de comunicación tendrán derecho a proteger a sus fuentes, fijandoalgunas excepciones en las que la Justicia podría solicitar la ruptura del secreto entre el informador y su confidente.

 Desde 1978, se han producido varios episodios en los que los periodistas y sus fuentes se han visto comprometidos por las indagaciones de determinados jueces. Ocurrió así tras la filtración de la sentencia del caso Rumasa en el Tribunal Constitucional; o durante las pesquisas relacionadas con el confidente que ayudó a revelar el falso máster de Cristina Cifuentes o los papeles de Bárcenas.

En este sentido, la ministra de Administraciones Territoriales y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha trasladado a los representantes de los periodistas la voluntad del Gobierno de desarrollar este proyecto con rapidez, al tiempo que ha incidido en que los técnicos de su departamento ya han comenzado a valorar el contenido de esta nueva norma.

Sobre el secreto profesional se ha producido abundante jurisprudencia durante las últimas cuatro décadas, desde la promulgación del texto constitucional, por lo que pol´ñiticos de todas las ideologías confían en que este nuevo texto legal clarifique la situación actual y eleve el nivel de protección sobre los periodistas.

La cláusula de conciencia ya está regulada desde 1997 y cuenta con tan sólo tres artículos, en los que se reconoce a los periodistas la capacidad de negarse, motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, sin que ello pueda suponer sanción o perjuicio.