El ex director de comunicación del departamento de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Toni Bolaño, ha negado haber encargado un informe en el que se analiza la postura de diversos articulistas de prensa sobre la reedición del tripartito. Con este estudio, encargado seis meses después de la constitución del Gobierno de la Entesa, se pretendía conocer la opinión de las principales firmas para mejorar la estrategia comunicativa del gobierno, según Bolaño, que rechaza cualquier intención de ejercer presión. "Se trataba de identificar la enfermedad para tener un diagnóstico", ha afirmado. Entre los artículos analizados se encuentran varios de los columnistas de La Vanguardia Pilar Rahola, Màrius Carol y Antoni Puigverd, entre otros. Junto con Vicenç Villatoro, que también aparece en el informe, todos ellos han expresado su malestar por la orientación del estudio, elaborado por Josep Isern, de la empresa DIC, bajo el título Asesoramiento en la comunicación estratégica y la elaboración de mensajes y eslóganes institucionales, y cuyo coste ascendió a 27.000 euros.

"Hay una valoración política, si eres de los nuestros o no", denuncia Rahola, a quien le cuesta creer que "el hombre fuerte de Montilla en esa época", en alusión a Bolaño, no sea el responsable de encargar el informe. "Lamento que los mismos que criticaron durante veinte años a Pujol por controlar a los periodistas hagan lo mismo cuando acceden al poder", ha dicho Rahola, indignada con el encargo de informes como este pagados con dinero público.

Villatoro insistió en la denuncia de "listas de buenos y malos" de un estudio, a su juicio, "inútil y perverso" que, asegura, etiqueta a los periodistas en posiciones ideológicas monolíticas y predecibles. Para Carol, si el objetivo era tener una "fotografía" de la recepción mediática del segundo tripartito, no era necesario incluir los nombres de los articulistas.

Ante el aluvión de críticas, Bolaño trató de defender la bondad del texto alegando que en ningún caso pretende calificar las opiniones de los periodistas, sino que busca es recabar opiniones críticas y a partir de ellas modular mejor el mensaje del Gobierno.

El análisis queda lejos de aquel sobre la prensa catalana que en 2004 le costó el cargo a Miquel Sellarés, secretario general de Comunicación en el primer tripartito, y que dejaba la puerta abierta a ejercer presión y control sobre los medios.

El consejero de Economia, Antoni Castells, ha presentado en el Parlamento catalán una auditoría que reveló que un 16 % de 300 informes externos encargados por la Generalitat eran inútiles, ya sea por su temática o porque podrían haberse elaborado en las propias consejerías. El documento sobre la prensa no figura en la muestra auditada, ya que por su precio se sometió a concurso.