La Federación de Empresas de Publicidad y Comunicación (FEDE) ha mostrado su profunda preocupación por la forma en que se están convocando los concursos públicos de publicidad en España, tanto de medios como de creatividad, desde hace muchos meses, y ven en el concurso para el Acuerdo Marco de compra de medios para las campañas de la Administración Central un claro ejemplo de lo que se está haciendo bajo la justificación de la pandemia.

Esta organización se está planteando denunciar el abuso de estos mecanismos a instancias europeas para que tomen cartas en el asunto, ya que su preocupación no solamente se refiere a la actividad actual de licitaciones públicas, sino que se proyecta hacia el futuro por la esperable avalancha de concursos que se convocarán con fondos europeos en los próximos meses.

Según ha explicado José Carlos Gutiérrez, presidente de esta organización, “si se mantiene esta evolución, la transparencia de las licitaciones de publicidad desaparecerá completamente, perjudicada por la adjudicación directa basada en motivos de supuesta urgencia, plazos absurdos, y ausencia de oportunidades para las empresas que no sean de gran tamaño, todo ello en contra de los principios que marca la Unión Europea. Con ello perderemos una oportunidad de que estos fondos se empleen correctamente y beneficien a todo el tejido publicitario, incluidos los medios, pues no es de recibo que se excluya sistemáticamente a alguno de ellos, como el medio exterior, sin razón alguna”.

Esta asociación del sector publicitario, que cuenta con más de 120 socios directos y otros tantos indirectos a través de asociaciones territoriales del país, se estaría planteando, de seguir esta dinámica, acudir a las instancias europeas pertinentes para denunciar estas prácticas pues los principios de la Unión Eurpoea que indican la necesaria promoción de la pequeña y mediana empresa en los contratos públicos.

En este sentido, desde la a FEDE han intentado reunirse con los responsables de la publicidad de la Administración en el Ministerio de Presidencia desde hace meses, sin recibir siquiera respuesta, algo que no había ocurrido con gobiernos anteriores.

En cuanto al concurso del acuerdo marco, con un valor de salida de 112 millones de euros para cuatro años, desde la FEDE defienden que “no es de recibo que el concurso de mayor monto de la Administración y con una duración de cuatro años se tramite por procedimiento de urgencia cuando había una fecha bien conocida de caducidad para el anterior”.

Por otro lado, el pliego sigue manteniendo abierta la posibilidad de que haya ofertas de remuneración al 0 % de comisión, una práctica contra la que la organización viene luchando desde hace años y que se ha recrudecido en los últimos tiempos, amparada por la entidad que orquesta el concurso, la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (CORA), que depende de Hacienda y que considera, por lo que parece, que los ministerios pueden obtener un buen servicio de ofertantes que no van a tener remuneración por su trabajo, pudiendo esto llegar a considerarse una practica contraria a las necesidades y protección del libre mercado.

A esto habría que sumar, que asegurar unos precios para un periodo de hasta 4 años, como piden los pliegos, sin un mecanismo de prevea movimientos del mercado, tales como un posible repunte de la inflación que algunos economistas ya anticipan, hacen de este concurso una auténtica ruleta rusa para las empresas adjudicatarias que, llegado ese caso, se verían obligadas a presionar a los medios hasta extremos insoportables o perder dinero.

Algunos concursos ya han sido recurridos en ejercicios anteriores por esta asociación al considerar que infringían la Ley de Contratos del Sector Público, en muchas ocasiones con éxito, o denunciados públicamente cuando eran prácticas legales, pero ciertamente inadecuadas para obtener la mejor relación que garantice la prestación de un servicio idóneo, como han sido los casos de Aena, Alimentos de España o DGT.