La Guardia Civil ha vinculado al director de Comunicación del Ministerio de Educación, Pablo Balbín Seco, con el caso Púnica y le atribuye delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias cuando era jefe de prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, a las órdenes de Lucía Figar, ya imputada en la causa.

En un informe enviado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez del caso Púnica, Eloy Velasco, se reiteran las sospechas sobre Figar y sobre el ex-viceconsejero de Educación Manuel Pérez, quien la sustituyó tras su dimisión por este caso en junio de 2015.

La Guardia Civil piensa que la ex alto cargo popular "utilizó fondos públicos de su Consejería para promocionar su figura personal y política en la Red y para desprestigiar a otras opciones. Y queda patente que se estaban pagando con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política de la titular de la Consejería, destinando a usos ajenos a la función pública caudales para promocionar su figura política, dando pábulo a las informaciones que hablaban favorablemente de su desempeño en la Consejería".

Los investigadores explican que Figar "se habría concertado con el empresario Alejandro De Pedro para que éste fuera el beneficiario de la adjudicación reiterada de contratos públicos de supuesta búsqueda activa de información relativa a la Consejería de Educación".

Junto a Figar, la UCO considera "conocedor y partícipe en la trama articulada en la Consejería de Educación" a Manuel Pérez en calidad de secretario general técnico, por lo que se le atribuyen los delitos de fraude, prevaricación, malversación y falsedad.

En cuanto a Pablo Balbín, ex jefe de Gabinete de Prensa de la Consejería, la Guardia Civil lo ha implicado como "cooperador necesario" acusándole de fraude, malversación y tráfico de influencias.