La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha presentado una nueva y más amplia propuesta de regulación de la transparencia de los lobbies. Según ha explicado la propia organización, esta propuesta ha sido elaborada tras un período de debate interno y consultas externas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, además de una consulta con expertos jurídicos.

La propuesta plantea incorporar medidas que permitan garantizar de de forma efectiva el objetivo de transparencia y del derecho a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. El objetivo, según APRI, es regular las relaciones entre la sociedad civil y la Administración Pública, y que ésta última sea consecuente con el actual entorno social y político español alrededor de una “actividad que creemos fundamental para cualquier democracia y que hay que llevar a cabo con la máxima transparencia”, destacan desde la asociación.

Algunas de las medidas que solicita APRI en su propuesta tienen que ver con la mejor definición de grupo de interés; la creación de un registro común y su adscripción al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; una mejor definición del ámbito de aplicación; y las consecuencias de la inscripción detallada del Código de Conducta.

También destacan la importancia de ampliar la definición de responsable público, una mejor definición de derechos y obligaciones, y tratar los conflictos de intereses y las puertas giratorias, entre otros asuntos.

En España ya se han dado algunos pasos para regular esta actividad, así, en 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya instauró un registro de lobbies.