La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), reunida en Madrid para examinar el estado de la profesión, ha constatado el creciente acoso que están sufriendo los periodistas en el ejercicio de su profesión; y ha denunciado que este clima de hostigamiento tiene como objetivo limitar los derechos constitucionales a la libertad de expresión y de información.

La agresión a la periodista Soledad Arroyo, de Antena 3, por los escoltas de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y los miembros de seguridad del Hospital Reina Sofía, ha sido el último capítulo de una serie de obstáculos a la tarea de los periodistas que la FAPE viene observando en las últimas semanas.

Esta agresión se une a las querellas contra medios periodísticos, ruedas de prensa sin derecho a preguntas, la reclusión de los periodistas en salas aisladas para evitar que hagan preguntas, video comunicados y declaraciones en video blogs o en twitter y demás enlaces de sonido y fotos con los que los políticos tratan de convertir la información en propaganda.

También se queja la FAPE de haber recibido denuncias desde varias Asociaciones de la Prensa acerca de presiones y vetos a los profesionales que publican noticias que los políticos juzgan contrarias a sus intereses particulares. El ninguneo de los políticos a los periodistas tiene una de sus máximas expresiones en las ruedas de prensa sin derecho a preguntas; y según defienden, los periodistas tienen la obligación de informar a la ciudadanía de los hechos.

Esta tarea viene avalada, según la organización, por sentencias del Tribunal Constitucional que atribuye a los medios de comunicación el papel de “intermediario natural” entre la noticia y cuantos no están en condiciones de conocerla directamente.

La FAPE considera que no se puede estar negando sistemáticamente el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y de interés público, sobre todo en aquellos casos en que se ha registrado un uso irregular de los fondos públicos; y afirma que los políticos, como representantes públicos que gestionan los intereses de los ciudadanos, están obligados a poner en su conocimiento todas sus actividades con absoluta transparencia, y eso se hace a través de los periodistas.

Defienden que la jurisprudencia constitucional subraya que el derecho a la intimidad personal y familiar se encuentra limitado por las libertades de expresión e información y ello tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos. La preponderancia del derecho de información sobre el de intimidad se produce cuando los hechos denunciados son de interés público, son veraces y pueden contribuir al debate en una sociedad democrática.

Situar a los periodistas como “culpables” de difundir información veraz y de interés general porque no conviene a los intereses de un determinado partido o de un determinado político, es equivocarse de objetivo, eludir las responsabilidades y hacer un flaco favor a las libertades en nuestro país, afirman desde la FAPE.

Ante está situación, hace un llamamiento al Gobierno y a todos los representantes públicos para que se comprometan a facilitar la tarea de los periodistas, en lugar de seguir poniendo obstáculos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, debilitando la fortaleza de la democracia, de la que la prensa es uno de sus pilares fundamentales.