El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha dado la razón a la compañía de verificación Newtral, tras una reclamación en la que solicitaba en julio del año pasado al Ministerio de Presidencia información sobre los medios que habían recibido publicidad institucional. Hasta el momento, el Gobierno se venía excusando en que son las agencias de medios las que compran los espacios publicitarios y no los ministerios.
El caso es que, hasta la fecha, la relación de medios de comunicación receptores de publicidad institucional y las cantidades que ingresan cada uno de ellos a cuenta del Estado suponía uno de los grandes misterios que los sucesivos Gobiernos centrales se negaban a desvelar, a diferencia de otras administraciones, como los gobiernos regionales de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, o los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que si lo hacen publicando cada año la lista de medios agraciados con publicidad institucional y los ingresos que reciben por ello.
Por contra, el Ejecutivo central siempre venía respondiendo con un enlace a los Planes e Informes de Publicidad y Comunicación Institucional que el Gobierno elabora cada año y que son publicados en la web de Moncloa, aunque que no incluyen información desglosada por medios; para añadir que las campañas institucionales de la Administración General del Estado se contratan mediante un acuerdo marco publicitario con las agencias de medios, y no con los soportes directamente.
Esta respuesta no dio satisfacción a Newtral, por lo que interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, argumentando que la información solicitada es de «interés general», algo a lo que la Audiencia Nacional ya dio la razón en 2018, obligando al Ministerio Sanidad a publicar la lista de medios que recibieron publicidad institucional.
Una vez recibida esta reclamación, Transparencia pidió a Moncloa que le remitiese sus alegaciones ante la petición de Newtral, tras lo que Presidencia del Gobierno volvió a insistir que tan solo cuenta con la información publicada en los Planes e Informes anuales y que los Ministerios no compran espacios publicitarios, sino que lo hacen las agencias de medios.
Ahora, en su resolución, Transparencia concluye que la información solicitada por Newtral «tiene un indudable interés público», para añadir que «revelar el destino concreto de los gastos en publicidad institucional y anuncios oficiales realizados por una administración con cargo a sus presupuestos es una parte inescindible de las obligaciones de transparencia de las instituciones«.
Además, este organismo independiente rechaza que Moncloa no disponga de la información solicitada, y considera que «los medios de comunicación destinatarios finales del dinero invertido en concepto de campañas institucionales se trata de una información que obra en poder de la Administración en función de los certificados que deben expedir las empresas adjudicatarias (agencias de medios)».
Por todo ello, Transparencia ha estimado la reclamación de Newtral y ha instado al Gobierno a entregar la información sobre qué medios han recibido publicidad institucional en un plazo máximo de 20 días hábiles; advirtiendo de que si Presidencia insistiera en que la información no esta en su poder, le da 10 días para que remita la solicitud a los órganos competentes.