La investigación del caso Púnica llevará al banquillo de los acusados, entre otros, a la entonces directora de comunicación de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, por supuesta prevaricación y malversación, lo que ha provocado que la periodista que ejerció este cargo con Esperanza Aguirre de presidenta hasta 2012 y luego con Ignacio González, haya estallado, y que su abogado haya presentado un recurso de reforma en el que solicita que el auto sea reformado por injusto, parcial y discriminatorio.

La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito firmado solo por el último de los tres fiscales que se incorporó a la investigación, propuso archivar la causa contra los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González, por lo que el juez instructor, Manuel García Castellón, decidió exculpar a ambos definitivamente en su auto de procesamiento.

El argumento de fiscal y juez fue idéntico: “Tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que Esperanza Aguirre tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.

Esta situación ha provocado que la periodista Isabel Gallego, que ejerció como directora general de medios de comunicación de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2015 (con Aguirre de presidenta hasta 2012 y luego con González), haya estallado tras ser procesada, de forma que su abogado ha presentado un recurso de reforma en el que afirma que “el auto ha de ser reformado por lo injusto, parcial y discriminatorio que supone que se haga pivotar la financiación del PP sobre la periodista que fue la encargada (Directora) de Medios de la CAM, que no formó jamás parte del Partido Popular y sobre la que existieron numerosos cargos orgánicos con responsabilidad y supervisión de su gestión y conocimiento cabal de su labor, a los que se archiva el proceso con desiguales argumentos: desde funcionarios de carrera e interventores a presidentes de la Comunidad, pasando por consejeros y directivos del ramo con capacidad decisiva y firma necesaria”.

Así las cosas, esta profesional, que trabajó durante una década para proteger la imagen de Esperanza Aguirre, y que se empleó a fondo para publicitar todas sus políticas, intentando evitar informaciones negativas contra su jefa durante todos aquellos años, no entiende que el juez la incluya entre las pocas personas que han sido procesadas por corrupción, lo que atribuye al “trato desigual que dan el juez y los (las) fiscales en función del rol particular de cada individuo”.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción acusan a Isabel Gallego de prevaricación y malversación por contratar con dinero público de su dirección general a las empresas de Alejandro de Pedro para hacer en las redes sociales campañas de propaganda a favor de Aguirre y González.

A esta acusación, Gallego ha respondido que ella no decidió esa contratación, sino que se la impusieron, y ha detallado quién era el responsable de esas actuaciones en el PP al explicar en el recurso de reforma que: “No es intrascendente que se haga notar que en el año 2010 la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar [exconsejera de Educación en el Gobierno de Esperanza Aguirre] y la de las redes sociales Isabel Díaz Ayuso [hoy presidenta de la Comunidad de Madrid]. Así consta en la causa y en fuentes abiertas. Fueran quienes fueran las encargadas de aquellos menesteres, lo cierto es que no era Isabel Gallego. Como también es importante recordar que en aquellos comienzos de la década del 2010 la moda, tratándose de internet, eran los blogs y que cada político tenía el suyo propio. Pero, como dejamos claro, no los gestionaba Isabel Gallego, quien además no era político. Que Alejandro de Pedro tuviera o no relaciones personales y/o negociaciones previas con el PP, con Francisco Granados, Salvador Victoria, Borja Sarasola, Lucía Figar, Esperanza Aguirre, Ignacio González…. es algo que le era completamente ajeno a Isabel Gallego hasta que aquel le es presentado”.

Respecto a esas campañas para mejorar con dinero público la imagen de Esperanza Aguirre en las redes sociales, el juez sostiene que durante los primeros meses de 2012 la presidenta madrileña fue “beneficiaria de trabajos de reputación y posicionamiento online llevados a cabo por las empresas de Alejandro de Pedro”, pero concluye que tras la instrucción llevada a cabo, no pudo acreditar que “Aguirre tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos”.

Isabel Gallego rechaza estos argumentos apuntando que “el auto sobresee la causa para los dos expresidentes, pero considera que hay indicios de malversación en quien contrató los trabajos que les beneficiaban personalmente. Para rebatir esa conclusión no vamos a ahondar en que ambos [Aguirre y González] eran y son perfectamente conocedores de las noticias que se publican y que era de su interés como presidentes que su imagen institucional se mejorase. Es irracional sostener lo contrario”, según sostiene el recurso.

Parece que Gallego no entiende cómo todos los consejeros y dirigentes del PP que contrataron a las empresas de Alejandro de Pedro para que hiciesen campañas de reputación a su favor en las redes sociales han sido absueltos ahora por el juez y, sin embargo, ella ha sido procesada.