
A más tardar en 10 días, de acuerdo a la ley de transparencia capitalina, las dependencias a las que se les exige la información, deberán entregar todo aquello que pueda fincar responsabilidades. Información que no sólo estará disponible para las autoridades y medios de comunicación, sino también para la ciudadanía.
Hasta el momento prácticamente todos han declarado o la verdad sea dicha, se han defendido, pero luego de las declaraciones de diferentes funcionarios, incluso la de un Diputado Perredista que afirmó haber otorgado la licencia al establecimiento sin siquiera revisar las condiciones del mismo, son ahora cada vez más los implicados, parece que cada vez que salen a los medios de comunicación, en lugar de aclarar los hechos se van hundiendo más, prueba fehaciente de su incapacidad para comunicar en situaciones de crisis.
Si bien las leyes de transparencia y acceso a la información han fomentado que los funcionarios y autoridades sean sometidos al escrutinio público por sus posibles actos de corrupción o gestiones que han derivado en catástrofes, lo cierto es que promueven el flujo de información, la comunicación efectiva y sobre todo el derecho fundamental a estar informado