Los representantes públicos tienen voz en las redes y se han apuntado a las herramientas 2.0, pero apenas si las están empleando para mantener una relación directa y continuada con la ciudadanía. La tesis doctoral La relación entre ciudadanos y diputados a través de las nuevas tecnologías de la información: el correo electrónico y las redes sociales, presentada en la Universidad Ceu Cardenal Herrera de Valencia y realizada por el periodista valenciano Javier Puchades, deja claro que los políticos no usan estas herramientas para mantener contacto con sus votantes.

Puchades ha realizado un estudio riguroso y extenso sobre el comportamiento del Congreso de los Diputados, las Cortes Valencianas y la delegación española en el Parlamento Europeo, distintos escenarios que permiten variables como la cercanía física o las diferencias entre partidos grandes y pequeños.

Aunque hay muy pocas respuestas, las que sí se producen resuelven la duda en el 9 0% de los casos consultados. Según Puchades, "el análisis de resultados revela el bajo índice de respuesta obtenido a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Apenas 1 de cada 5 diputados contactados por medio de Facebook o Twitter ha respondido al ciudadano para facilitarle una cuenta de correo electrónico".

De los 180 mensajes enviados a través de estas redes sociales para el estudio, sólo han sido respondidos 33, es decir el 18,3 %. El correo electrónico no funcionó mucho mejor. El periodista utilizó 30 cuentas de correo para remitir preguntas muy concretas sobre cuestiones pertinentes, de competencia directa de cada responsable público, y en tres oleadas distintas para evitar problemas circunstanciales.

Se enviaron e-mails a todos los 350 diputados del Congreso de los Diputados, los 99 parlamentarios de las Cortes Valencianas y los 54 eurodiputados que facilitaban su contacto a través de fuentes oficiales. Sin embargo, los resultados son bajos. "El análisis cuantitativo revela el bajo índice de respuesta registrado en las tres instituciones", explica, ya que en la primera y segunda oleada, este índice se ha situado entre el 15 y el 37 %.

El mejor comportamiento ha correspondido a las Cortes Valencianas (con ese 37 %) y el peor se ha registrado en la delegación española en el Parlamento Europeo (con ese 15 %). En la tercera oleada, el porcentaje de respuesta ha subido hasta rozar o superar ligeramente el 50 % en las tres cámaras parlamentarias (48 % en el Congreso; 44 % en las Cortes Valencianas y 55 % en la delegación europea).

La razón es que en esta última tanda de mails el contenido de las comunicaciones estaba formado por los llamados Mensajes Función (MF), que eran mensajes más cortos, muy sencillos de leer y responder por parte de los diputados.

UPyD, en el Congreso de los Diputados, y Compromís, en las Cortes Valencianas, han obtenido el porcentaje de respuesta más elevado en la primera oleada (ambos, con un 66'6%). En la segunda oleada, el índice más elevado ha correspondido a Esquerra Unida en las Cortes Valencianas (60%), UPyD en el Congreso (50 %) y los grupos de no inscritos (100 %), la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (50 %) y los Verdes/Alianza Libre Europea (50 %) en el Parlamento Europeo.

Cuenta el diario El Mundo que el estudio, que ha obtenido la máxima calificación por parte del tribunal que analiza la tesis, deja muchas curiosidades como, por ejemplo, que el PNV no contestó a nada; que los grupos de la oposición dan respuestas con un marcado tono político, atacando en muchos casos de forma directa al trabajo del equipo de gobierno, que suele contestar de forma más técnica; o que los políticos ponen como excusa, en las entrevistas personales con las que el autor completa el trabajo, que carecen de tiempo suficiente para responder y que Internet todavía les genera cierta desconfianza.

Los ministros del Gobierno o los consellers de la Generalitat con acta de diputado son absolutamente inaccesibles. Y nombres fuertes como Mariano Rajoy o Alberto Fabra tampoco contestaron, ni siquiera a través de un asesor. Otro dato curioso es que dos ministros, en concreto los titulares de las carteras de Empleo e Industria (Fátima Báñez y José Manuel Soria), tuvieron su cuenta de correo del Congreso fuera de servicio durante los 20 meses que duró la investigación.