Con la idea de incrementar la presencia del idioma y la cultura catalanas en estos territorios, la Generalitat ha repartido durante los últimos años decenas de millones de euros de subvenciones a medios de comunicación, asociaciones, organizaciones con y sin ánimo de lucro; y particulares... un dinero público con el que pretende distanciar a esta comunidad autónoma del resto de España.

Una parte de estas subvenciones -más de 400- las ha repartido durante la recta final del proceso soberanista, lo que le ha permitido alimentar y engordar su amplia red de apoyos, que se extiende a lo largo y ancho de Cataluña.

Según cuenta Voz Populi, estos aliados publican a diario decenas de páginas que no cuestionan ninguno de los preceptos del catecismo de Junts pel Sí y que, con un mayor o menor alcance, llegan a toda la comunidad autónoma e incluso más allá de sus fronteras.

La última gran partida de subvenciones de este tipo -concedidas por el Departamento de la Presidencia de la Generalitat- se publicitó el pasado 27 de marzo en el BOE autonómico, o sea, unos meses antes de que el Gobierno decidiera aprobar las leyes de Referéndum y de Transitoriedad.

En total, otorgó ayudas a 86 medios de comunicación digitales (1,5 millones de euros), a 198 publicaciones escritas (3,89 millones), a 18 empresas radiofónicas (570.000 euros) y a 19 televisiones (570.000 euros). En todos los casos, las subvenciones se justificaron por la difusión de contenidos en catalán o en aranés; y la inmensa mayoría de los beneficiarios de estas partidas de dinero público fueron pequeñas y medianas empresas y asociaciones.

En la lista también se encuentran los editores de los principales medios de comunicación privados de Cataluña, tales como Grupo Godó, Zeta, Hermes o El Punt, aunque estos también reciben además fondos de la Generalitat a través de las campañas de publicidad institucional.

En la relación de agraciados de estas subvenciones figura la editora del semanario El Vallenc, cuyas instalaciones registró la Guardia Civil hace unas semanas al sospechar que contenían material sobre el referéndum del 1-O. También aparece entre las empresas subvencionadas la empresa Catmedia Global, editora de la web Directe.cat. Su responsable es Joan Puig, politólogo independentista, perteneciente a ERC, que en 2005 tuvo una amplia repercusión mediática tras colarse en una finca de Pedro J. Ramírez y saltar a su piscina.

Entre los receptores también se encuentran algunas organizaciones vinculadas a personalidades de peso en Cataluña, como Fernando Rodés (Havas, Ara), quien preside la Fundació Creafutur, para la que la Generalitat consignó 10.000 euros. La Fundació Revista de Cataluña, por su parte, ingresó 33.000 euros, mientras que la Fundació Privada Catmón obtuvo 100.000 euros que gestionará Víctor Terradellas, su presidente y ex-secretario general de Relaciones Internacionales de Convergencia Democrática de Cataluña.