Durante los próximos días el Gobierno de España deberá definir una serie de procedimientos para llevar a la práctica la sustitución de toda la cúpula del Govern de la Generalitat con la toma de control en el ámbito político y económico, pero también para asegurar el control de los Mossos de Escuadra y de los medios de comunicación públicos, hasta ahora el mayor altavoz del independentismo.
En las últimas semanas se han multiplicado las críticas contra TV3 que ha sido acusada de manipular y tergiversar la información sobre el procés a la medida del bloque independentista. Según sus detractores se ha convertido en un altavoz del independentismo al servicio de los mensajes soberanistas de la Generalitat, y se ha acusado a la cadena de difundir mensajes separatistas en su canal infantil, de emitir propaganda del referéndum pese a que fue decretado ilegal, de ser beligerantes contra la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el referéndum ilegal del 1-O, y de no ser objetivos en las entrevistas que han realizado a cargos del Govern.
En Moncloa piensan que TV3 -la cadena más vista por los catalanes y la de más arraigo popular- se ha convertido en el mayor aparato de defensa de Puigdemont y, a su vez, es la mejor arma adoctrinadora del independentismo, por lo que a nadie sorprendió que el acuerdo del Consejo de Ministros para aplicar el artículo 155 se refiera de manera directa a los medios de comunicación públicos de Cataluña.
De esta manera, Moncloa se compromete a que los órganos y las autoridades que cree a tal efecto o designe el Gobierno de la Nación “garanticen la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural”.
Moncloa no ha confirmado cómo se llevará a cabo esta operación de control de TV3, pero diferentes fuentes consultadas por el diario digital El Español indican que es muy probable que se sustituya la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que en estos momentosestá presidida por Núria Llorach, que fue interrogada el viernes por la Guardia Civil para indagar sobre los anuncios que emitió la cadena sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre pese al veto decretado por el Tribunal Constitucional.
Otro nombre en el punto de mira es Vicent Sanchis, actual director de TV3, y cuyos detractores coinciden en que desde su nombramiento en marzo de este año, la línea editorial de la cadena pública catalana se ha radicalizado hacia el independentismo e incluso muchos atribuyen su llegada a un movimiento político de la Generalitat para asegurarse el control de los medios de comunicación.
Analista y tertuliano en RAC1 o TV3, también fue vicepresidente de Òmnium Cultural, organización que junto a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) han sido la fuerza ciudadana del independentismo. Un currículum que no llama a dudas y que claramente no está en la línea de lo que Moncloa quiere para la nueva TV3.
Otro nombre propio a batir es Saül Gordillo, director de Cataluña Radio, emisora cuyos programas también son criticados por su cercanía al independentismo y que tiene entre sus principales presentadores a Mónica Terribas, directora de El matí, ex presidenta de TV3 entre 2008 y 2012 y otra figura mediática cercana al soberanismo.
La otra medida que deberá adoptar el Gobierno central es el control de las cuentas de TV3. Históricamente la CCMA ha dependido financieramente de la Generalitat, una dependencia que se ha agudizado con la crisis de los medios de comunicación. A partir de ahora, las cuentas las controlará Moncloa, y aunque ya no se pueden bloquear las aportaciones de 2017, todo parece indicar que los nuevos gestores de TV3 serán los responsables de la aprobación de las cuentas del próximo año y también del presupuesto que destine la Generalitat a la cadena.
TV3 tiene una plantilla de 2.312 trabajadores y unos gastos de personal de 159 millones de euros, superiores a los de Atresmedia, una cadena que tiene quince veces más ingresos por publicidad.
El Consejo Profesional de la televisión ha calificado la medida de "ataque directo, indigno e impúdico a la libertad de expresión y de información"; y del mismo modo, los trabajadores de la cadena amenazan con "no reconocer la autoridad" de un nuevo director que pueda ser nombrado. La CCMA también ha emitido un comunicado en el que asegura que "seguirá firme" en su misión de ofrecer a todos los catalanes un servicio público plural, de calidad y comprometido con los principios éticos y democráticos.
Será la primera vez en los 35 años de historia de las televisiones autonómicas que el gobierno central asuma el control de una de estas cadenas. Unas televisiones históricamente cuestionadas por su cercanía a los gobiernos de turno, pero que también han sido los principales elementos vertebradores y ejes del desarrollo cultural de las autonomías donde se han desarrollado.
TV3 fue en 1983 la segunda autonómica en nacer después de ETB (País Vasco) y es en estos momentos la que tiene una mayor audiencia dentro de su territorio. Los profesionales televisivos reconocen que técnicamente es una de las mejores que hay en España y sus programas suelen ser ampliamente aplaudidos por la crítica.
