El Consejo de Gobierno valenciano ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley que regula la actividad del lobby en el ámbito de la Generalitat y el sector público instrumental. El texto aprobado pretende garantizar la transparencia en la participación de los grupos de interés en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de proyectos normativos, siempre de acuerdo con los principios de legalidad, publicidad, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en la gestión pública.
El Consejero de Transparencia del Gobierno valenciano, Manuel Alcaraz, destacó que la valenciana se convierte así en la única autonomía que desarrollará una legislación específica que regule los lobbies, al tiempo que recalcó que no se trata de una ley diseñada contra los grupos de interés.
Este proyecto legislativo pretende añadir “más luz a la gestión de los asuntos públicos, poner freno a la cultura del amiguismo y ahondar en el camino de hacer más transparente y participativa la Generalitat”, según fuentes del gobierno valenciano.
La futura norma contempla, entre otras medidas, la creación de un registro de lobbies, que será “de carácter electrónico, administrativo, gratuito y obligatorio”, en el que se dejará constancia de las actividades que lleven a cabo los grupos de interés.
La Consejería de Transparencia presentará ante el Consejo de Gobierno un informe anual con la actividad general del registro, así como su funcionamiento. Por otro lado, el proyecto también establece un código de conducta para los inscritos, así como sistemas de fiscalización y control de la información que dichos grupos de interés presenten al órgano supervisor del registro.
Además, también se regula la llamada “huella normativa”, consistente en dar publicidad de los contactos que la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, asegurando de esta forma que la influencia de dichos grupos en la confección de las normas sea transparente y no desproporcionada.
El último de los capítulos del texto aprobado desarrolla el régimen sancionador, donde se establecen multas de hasta 6.000 euros en caso de incumplimiento de la normativa.
