La denuncia interpuesta por la ex jefa de prensa del Ayuntamiento de Calpe contra César Sánchez, alcalde de este municipio y presidente de la Diputación de Alicante, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y coacciones, ha generado gran desconfianza entre diversos sectores políticos por el ruido de fondo que acompaña al caso y el historial de denuncias sin recorrido que se asocia a la denunciante.
La periodista ha llevado a Sánchez ante la Fiscalía, donde ha denunciado que el dirigente popular la coaccionó para que colaborase en su campaña para las elecciones municipales de 2015, en las que era el candidato del Partido Popular para la reelección como alcalde.
La ex responsable del departamento de prensa ha esperado a denunciar estas supuestas amenazas dos años, justo cuando se ha enfriado su relación con Sánchez y el Ayuntamiento ha publicado la convocatoria de la plaza que ocupaba desde hacía años de forma interina.
Recurrió la decisión pero no fue admitida su alegación y desde entonces ha estado de baja laboral y recopilando información. No es la primera vez que denuncia a Sánchez, pero sí es la primera vez que consigue convencer al ministerio fiscal para que remita la denuncia al juzgado.
La denuncia inicial se presentó en Alicante y allí la remitieron a Dénia por competencia territorial. La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre los hechos y ha optado por enviar el escrito directamente a un juzgado, sin realizar ninguna investigación en fase prejudicial, para que las diligencias se practiquen con las garantías que requiere una denuncia por coacciones.
Sin embargo, el historial de denuncias manipuladas y el relato sesgado de la denunciante han generado muchas dudas sobre los hechos que han llegado al fiscal. Esa desconfianza también se ha trasladado en los últimos días a Compromís tras conocerse que su portavoz municipal en Calpe la acompañó a interponer la denuncia.
Desde la coalición matizaron ayer que no han intervenido en ninguna fase de la denuncia y que únicamente escucharon su versión de los hechos tras rechazar la propuesta para que Compromís figurara como codenunciante. "Las supuestas coacciones son un tema personal", han subrayado.
Otra cosa es como quede el tema de la malversación, un asunto en el que la coalición se personará si se acredita que Sánchez y esta ex trabajadora hicieron un uso indebido de recursos municipales para la campaña del PP.
La denunciante ha protagonizado numerosos desencuentros con todos los partidos que han tenido representación municipal e incluso el único alcalde que Compromís ha tenido en Calpe, Ximo Tur (Bloc), la despidió, tras lo que un juzgado de lo Social anuló el despido por una cuestión de forma, y esta siguió presentando denuncias contra concejales de diversos partidos.
También denunció a los cargos de Calpe que compartían en una red social el contenido de un informe forense que desmontaba una presunta agresión por parte de su ex-pareja. Según consta en la sentencia, en dicho informe se hacía constar que la periodista denunció "una lesión en la zona de la sien y ojo derecho que, tras la limpieza con agua, se constata que es maquillaje o colorete que no lleva en el lado contrario".
No hay secreto de sumario ni medida judicial que impida conocer el contenido de la denuncia, pero no han trascendido las pruebas que han llegado a la Fiscalía. Según apuntaron fuentes próximas al caso, de los correos aportados no se desprende ninguna coacción y sí una relación de confianza mutua entre el alcalde y su jefa de prensa que se extendió más allá de las competencias municipales.
Al parecer, las comunicaciones acreditarían que la jefa de prensa se dedicó a filtrar en campaña informaciones sobre los rivales políticos del PPCV y ha propuesto que declaren como testigos varios periodistas para que apuntalen su versión. Sánchez tendrá que ir al juzgado a aclarar esta denuncia, mientras en su partido confían que se decrete pronto el archivo, como ocurrió con el resto de procesos.
