forocompol.com - La desinformación institucional en el ámbito digital a debate

La desinformación institucional en el ámbito digital a debate

Las campañas de desinformación, lalentadas por las ya populares "fak news" están empezando a convertirse en un problema insttucional de primer grado que afecta a los Gobiernos. Por ejemplo, Francia e Italia ya están desarrollando una ley que permita atajar este problema, capaz de desestabilizar a todo un país, tal y como quedó demostrado tras las elecciones estadounidenses.

Alemania va un paso por delante en esta carrera tras aprobar en abril del año pasado una legislación que obliga a las redes sociales a eliminar el contenido falso en un periodo de 24 horas; y de lo contrario, se exponen a una multa de grandes proporciones.

Esta parece la vía que busca adoptar nuestro país, donde por el momento, las noticias falasas han sido incluidas como amenaza en el plan de Estrategia de Seguridad Nacional aprobado por el Gobierno en diciembre.

Recientemente, la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha trasladado parte de la responsabilidad de luchar contra esta lacra a los medios digitales, afirmando que “es fundamental que los medios se responsabilicen a la hora de filtrar, contrastar y verificar la información”.

Sáenz de Santamaría realizaba esta afirmación durante la inauguración de la jornada El fenómeno de la desinformación en la era digital, organizada por el Ministerio de Industria y Energía, a la vez que afirmaba que es responsabilidad de los medios “garantizar” la veracidad de sus publicaciones, o “al menos advertir del potencial peligro”.

Según defendió la vicepresidenta del Gobierno, esta función de los medios serios y con trayectoria es “fundamental” en la lucha contra un problema identificado por numerosos editores, y cuya magnitud es tal que el propio director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha reconocido la dificultad que entraña para el servicio secreto combatir un fenómeno del que sólo se conoce “la punta del iceberg”.

Por este motivo, el Gobierno plantea “soluciones técnicas, jurídicas, empresariales y educativas” al tiempo que reitera el compromiso de los medios en el proceso de “alfabetización mediática”.

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